¿QUÉ PUEDEN HACER LOS GOBIERNOS PARA APOYAR LA INNOVACIÓN MEDIOAMBIENTAL?

Las compañías que pueden permitírselo, invierten miles de millones de dólares al año, para reducir y paliar los efectos medio ambientales y sociales de los daños producidos por la fabricación y transporte de sus materias primas. Dichas inversiones necesitan de lo que conocemos como investigación y desarrollo, construcción de infraestructuras, mantenimiento y dar fe que los procesos se regulan y siguen al pie de la letra las leyes vigentes.

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Se hace necesario que dichas compañías cuenten con incentivos para alcanzar los objetivos impuestos por las normas y que las consecuencias de la fabricación y transporte no afecten directa o indirectamente al medio ambiente. Por esta razón, las compañías invierten en tecnologías punta y de última generación que minimicen la merma en la degradación medioambiental, con la lógica idea de no enfrentarse a costosas consecuencias ante gobiernos, tribunales, opinión pública, etc…
Entre los problemas en los que es necesaria una política ambiental adecuada, destacan tres: las crecientes complicaciones que rodean a las evaluaciones ambientales oficiales, el surgimiento del concepto de licencia social y los efectos de los cambios en los entornos fiscales y regulatorios.

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A nivel mundial los procesos de evaluación ambiental se han hecho indebidamente largos, complicados, costosos e inciertos. Esto aumenta los riesgos de inversión por parte de las empresas y podría conducir al abandono de proyectos probablemente exitosos. Tratar de reemplazar o mejorar las infraestructuras se ha convertido en una pesadilla global y la burocracia generada en torno a lo medioambiental no ayuda a que el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones lleguen a buen puerto, por lo que la primera medida sería gestionar de forma más ágil todo lo que implica la evaluación a nivel de Medio Ambiente.

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El concepto de licencia social que existe en muchos países ha aumentado los riesgos de las innovaciones e inversiones, que podrían conducir a mejores resultados ambientales. La licencia social es un concepto tan difuso al decidir qué proyectos serán permitidos por las instituciones reguladoras, que abre la puerta a decisiones arbitrarias y amenaza el imperio de la ley. Por último, una empresa que se compromete a una inversión importante, ya sea en infraestructura o innovación, espera un retorno de su inversión. El rendimiento calculado es siempre hipotético, ya que el futuro es desconocido, pero uno de los determinantes del retorno es el costo de la regulación y la tributación. Un ambiente regulador y fiscal volátil desalienta la inversión, ya que crea incertidumbre adicional.

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