CALENTAMIENTO GLOBAL Y SALUD MENTAL

El clima severo inducido por el cambio climático y otros desastres naturales tienen los efectos más inmediatos sobre la salud mental en forma de trauma y conmoción debido a lesiones personales, pérdida de un ser querido, daño o pérdida de bienes personales o incluso pérdida de sustento, según el informe.
Cuando la gente piensa en el cambio climático, probablemente imagina primero sus efectos sobre el medio ambiente, y posiblemente sobre su salud física. Pero el cambio climático también tiene un impacto significativo en la salud mental, según un nuevo informe publicado por la Asociación Americana de Psicología y ecoAmerica titulado ‘Salud Mental y Nuestro Clima Cambiante: Impactos, Implicaciones y Orientación’.

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Los impactos del clima en la salud mental no están relegados solo a los desastres, sino que también hay impactos significativos en la salud mental por el cambio climático a largo plazo. Los cambios climáticos afectan a la agricultura, la infraestructura y la habitabilidad, lo que a su vez afecta a las ocupaciones y a la calidad de vida y puede obligar a las personas a emigrar. Estos efectos pueden llevar a la pérdida de la identidad personal y profesional, de estructuras de apoyo social, de un sentido de control y autonomía y otros impactos en la salud mental, como sentimientos de impotencia, miedo y fatalismo. Los altos niveles de estrés y ansiedad también están relacionados con efectos en la salud física, como un sistema inmunológico debilitado. La preocupación por los impactos reales o potenciales del cambio climático puede llevar al estrés que se puede acumular con el tiempo y eventualmente conducir a problemas relacionados con el estrés, como el abuso de sustancias, trastornos de ansiedad y depresión, según una investigación revisada en el informe.

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La clave para combatir los posibles efectos psicológicos negativos del cambio climático, según los autores del informe, es la construcción de resiliencia. Incluye una sección dedicada a ofrecer orientación para ayudar a los profesionales en el apoyo y la promoción de la salud mental de las personas y las comunidades y respaldarles para formar resistencia psicológica. Una recomendación es guiar a las personas a apoyar y mantener sus redes sociales.
El informe también enfatizó que la adopción de políticas respetuosas con el medio ambiente y las opciones de estilo de vida pueden tener un efecto positivo en la salud mental. Por ejemplo, la elección de ir en bicicleta o caminando al trabajo se ha asociado con menores niveles de estrés. Si caminar o ir en bicicleta al trabajo es poco práctico o inseguro, el uso del transporte público se ha vinculado con un aumento en la cohesión de la comunidad y una reducción de los síntomas de depresión y estrés, según el informe. Además, la mayor accesibilidad a los parques y otros espacios verdes podría beneficiar a la salud mental, ya que se ha demostrado que el pasar más tiempo en la naturaleza reduce los niveles de estrés y disminuye las enfermedades relacionadas con el estrés, independientemente del estatus socioeconómico, la edad o el sexo.

By Ecoticias.com

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¿RSC O SOSTENIBILDAD?

“La nueva situación socioeconómica, marcada por una mayor incertidumbre y por nuevos riesgos y oportunidades para el sector empresarial, está introduciendo cambios en la concepción de la RSC. El análisis transversal de estos permite anticipar nuevas tendencias en la gestión de la sostenibilidad de las organizaciones, mediada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda del Desarrollo Sostenible.

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El concepto de RSC, una vez desarrollados instrumentos avanzados aplicables a la gestión empresarial, está evolucionando hacia una concepción más primigenia que describa con mayor exhaustividad las relaciones entre las organizaciones y la sociedad. Hablamos de una concepción mucho más transversal, mediática y beligerante, capaz de poner de manifiesto la existencia de vasos comunicantes entre el desempeño económico-financiero, el desempeño social y el desempeño ambiental. Es decir, sin sostenibilidad económico-financiera no se puede hablar de sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental, y viceversa.

“La especialización de la RSC debe reducirse e integrarse en el proceso de la organización”

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La tendencia a utilizar cada vez más el concepto de sostenibilidad para redefinir, repensar y reprogramar las relaciones de las organizaciones con su entorno también permite incorporar discursos cada vez más presentes en el debate social que han sido tangenciales al concepto de RSC: economía circular, economía ecológica, economía del bien común, etc. El concepto de sostenibilidad permite describir de forma más exhaustiva las relaciones de las organizaciones con su entorno, cada vez más alejadas de una concepción reduccionista asociada a la filantropía o a la acción social. La RSC es capaz de dar respuesta a un mundo más reducido de inquietudes, y la sostenibilidad es un concepto mucho más transversal e interdisciplinar.”

Francisco Cortés García, profesor de la UNIR.

@CincoDiascom

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DIGNIFICAR EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL ES UNA RESPONSABILIDAD COLECTIVA

“A partir del pasado mes de enero, el salario mínimo interprofesional para el año 2017 pasó a ser de 707,60 euros al mes, un incremento del 8% que el Consejo de Ministros aprobó el pasado diciembre. El sueldo mínimo se sitúa en 9.906,40 euros anuales (repartidos en 14 pagas) que, aún así, sigue quedando muy lejos de los sueldos mínimos de los países líderes como Luxemburgo (1.922,96), Bélgica (1.501,82), Irlanda (1.461,85) o Francia (1.457,82).

Para las empresas de economía social como los centros especiales de trabajo, más conocidos como CET’s, este incremento supone la asunción de un 4% de fondos propios a la bolsa salarial, ya que la Administración subvenciona solo el 50% del salario mínimo.

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EVALUAR EL RETORNO ECONÓMICO Y SOCIAL

A nuestro entender, esto ocurre para que los CET’s tengan una visión constante de mejora de los sistemas de producción con la automatización de los procesos, la diversificación de las actividades y la eficiencia empresarial que permitan generar suficientes plusvalías para hacer frente estos incrementos de salario mínimo o salarios marcados por convenios profesionales. Sin embargo, otro objetivo puede ser, también, evaluar el retorno económico y social de la inversión pública en los CET’s.
El incremento se debe afrontar con recursos propios, y no solo a partir de subvenciones y aportaciones públicas
Y una de las herramientas para evaluarlo es lo que se conoce como la metodología SROI (Social Return on Investment) que, en nuestro caso, usamos en el año 2013 para calcular el retorno social de cada euro invertido en la cooperativa Àuria. El resultado fue sorprendente: 4,49 euros por cada euro público invertido (en concepto de subvenciones del coste salarial, bonficaciones de la Seguridad Social y subvenciones a las unidades de apoyo al trabajo).

LA IGUALDAD DE DERECHOS

Este caso nos sirve para espolearnos. El tercer sector es un ámbito de la economía muy dinámico y obligado a reinventarse constantemente, a trabajar con ambición y responsabilidad porque ocupamos, precisamente, una población que sin la existencia de los centros especiales de trabajo tendría un acceso aún más difícil a la inserción laboral. Las consecuencias de esta privación son nefastas para la autonomía personal o la igualdad de derechos de las personas con discapacidad intelectual, por poner un ejemplo, las que más dificultades encuentran para obtener un puesto de trabajo.”

Miquel Canet

Director general de Àuria Grup

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LA ECONOMÍA SOCIAL O SOLIDARIA ¿QUE NOS OFRECE?

Habitualmente, los usuarios de la Economía Social y Solidaria es porque queremos apostar por una alternativa real a la economía capitalista.  Sea dicho porque necesitamos impulsar un cambio social o porque en menor medida nos vemos en total disconformidad con la situación actual y la desigualdad social existente en el sistema econñomico y queremos o tratamos de de instaurar una economía que tenga en cuenta a todas las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, por encima de otros intereses. Podríamos decir, entonces, que la Economía Social y Solidaria además de ser una alternativa económica, es un movimiento social, una manera de vivir.

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Realidades que se darán cita en el I Congreso de Economía Social y Solidaria madrileña (COMESS), que tendrá lugar los días 24 y 25 de marzo.
En opinión de Maria Avizanda, periodista e investigadora, experta en consumo colaborativo, “hay un movimiento real de sharing (del compartir) que enlaza con toda una tradición social y cultural como la del cooperativismo, y luego hay todo un mundo de startups que han sabido coger los valores de la economía social y rentabilizarlos”. Un síntoma evidente, de que los valores planteados por las Otras Economías están teniendo cada vez mayor acogida en la sociedad.
“Elegir productos que sean beneficiosos para la sociedad, el medioambiente y las personas es una opción que encaja con los valores actuales de las personas consumidoras”, es una afirmación de Amaya Apesteguía de la OCU. Sin embargo, desde la OCU apuntan que para las consumidoras sigue sin ser fácil elegir siempre la opción más sostenible, debido a que la información suele ser parcial y confusa, y a menudo exige el esfuerzo de renunciar a otras cuestiones importantes como la disponibilidad o precios económicos. Para conseguir involucrar y generar confianza en este tipo de consumo, la OCU aconseja que desde las ESyS se combinen los beneficios sociales y medioambientales con los individuales, seguir trabajando en la transparencia y el acceso a la información sobre sus afirmaciones de sostenibilidad, entre otras cuestiones.

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ANNA ARGEMÍ

EL PAÍS (ARTÍCULO COMPLETO)

TODOS SOMOS TODOS

Derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo

Las personas con discapacidades intelectuales presentan una mayor necesidad de apoyos y constituyen un grupo especialmente vulnerable que, tradicionalmente, ha experimentado situaciones de exclusión. A pesar de ello, la situación de este colectivo no ha sido objeto prioritario de estudio ni han existido desarrollos específicos de política social para responder a sus necesidades, lo cual se traduce en, al menos, tres consecuencias importantes.
En primer lugar, la escasez de interés por conocer en profundidad la realidad de aquellos con una discapacidad intelectual (DI) que requieren de apoyos más intensos ha dado lugar a que no exista consenso ni en el ámbito científico ni en el organizacional a la hora de definir qué caracteriza a este colectivo. Esto incide tanto en la identificación y cuantificación de este grupo poblacional como en la generación de conocimiento sobre buenas prácticas en la provisión de apoyos al mismo.

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En segundo lugar, y a pesar de que el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante CDPD (ONU, 2006), insta a los Estados Parte a recopilar información adecuada que favorezca el desarrollo de políticas que garanticen que los derechos de las personas con discapacidad no son vulnerados, son numerosos los estudios e informes que señalan la necesidad de contar con mejores estudios epidemiológicos sobre DI en general, y personas con mayores necesidades de apoyo en particular. España, como señalaremos en este informe, no constituye una excepción en este sentido.
En tercer lugar, si bien la legislación española en materia de educación, empleo o sanidad, recoge, con frecuencia, las necesidades de las personas con DI en un esfuerzo por adaptar la normativa vigente a los derechos recogidos en la CDPD (ONU, 2006) en vigor en el ordenamiento jurídico español desde 2008, deja en ocasiones la puerta abierta a la prestación de servicios y apoyos fuera de los contextos ordinarios para aquellos cuyas limitaciones son mayores, a través del empleo de conceptos como el de ‘ajustes razonables’.

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Los objetivos principales de este estudio son:
1. Examinar y sintetizar los datos existentes en España sobre las personas con mayores necesidades de apoyo y discapacidad intelectual o del desarrollo, así como acerca de los recursos disponibles para ellas.
2. Detectar las necesidades de este colectivo y el grado de cumplimiento de las mismas a la luz de la CDPD (ONU, 2006).
3. Proponer orientaciones claras y basadas en el conocimiento para asegurar el bienestar y el cumplimento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y grandes necesidades de apoyo.

INFORME COMPLETO

Investigadores Principales Miguel Ángel Verdugo y Patricia Navas Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. INICO. Universidad de Salamanca Colaboradores: Sergio Martínez y Fabián Sainz